Redacción | Activo$ Bolivia

La gasolina de mala calidad ya comienza a pasarle factura al Estado. Y no es una cifra menor porque más de un millón de bolivianos ya fueron desembolsados en compensaciones a conductores afectados, en lo que parece ser apenas el inicio de un problema con potencial de escalar.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó que realizó pagos a más de mil beneficiarios cuyos vehículos sufrieron daños presuntamente por el uso de gasolina desestabilizada. Los montos fueron depositados directamente en cuentas bancarias, tras un proceso de verificación técnica y administrativa.

El mecanismo utilizado para gestionar estos casos fue el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma diseñada para canalizar reclamos, validar información y determinar compensaciones. A través de este sistema, los usuarios registran sus solicitudes, que luego son contrastadas con bases oficiales como B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT, antes de pasar por la evaluación de peritos.

Los casos son clasificados según el nivel de daño —leve, medio o grave— lo que permite definir el tipo de atención y el monto a pagar. Según YPFB, este procedimiento busca garantizar transparencia y agilidad en la respuesta.

Sin embargo, más allá de la respuesta institucional, el dato de fondo preocupa porque el millón de bolivianos ya desembolsado podría ser solo la punta del iceberg. La magnitud del problema dependerá de cuántos vehículos más resulten afectados y de la capacidad del sistema para contener una eventual avalancha de reclamos.

YPFB asegura que activó controles para aislar el combustible observado y aplicar tratamientos de estabilización, con el objetivo de garantizar que el suministro cumpla con estándares de calidad nacionales e internacionales.

Mientras tanto, mantiene habilitados canales de atención como la línea de WhatsApp 72150600 y el call center 50850088 para el registro de nuevos reclamos.

El episodio no solo abre interrogantes sobre los controles de calidad en la cadena de suministro de combustibles, sino también sobre el impacto económico que podría tener si el número de afectados sigue creciendo. Porque si el primer millón ya salió de las arcas públicas, la pregunta inevitable es ¿cuánto más costará esta crisis?